COMUNICADO DE PRENSA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Sevilla, 21 de febrero de 2015.

Desde que Susana Díaz convocó anticipadamente las elecciones andaluzas el
pasado 26 de enero, los responsables políticos del PSOE en la Consejería
de Economía han presionado hasta lo inadmisible a la Comisión Técnica y
Mesa de Contratación del concurso para que lo resolvieran lo antes
posible, de manera que su candidata pudiera anunciar la reapertura de las
minas de Aznalcóllar en plena campaña electoral.

Antes de ponerse en marcha la reapertura, la empresa tendrá que obtener
autorización ambiental unificada, autorizaciones de vertidos,
autorizaciones del plan de restauración y de gestión de residuos tóxicos.
En todo ese proceso se encontrarán de frente con toda la capacidad crítica
y jurídica de Ecologistas en Acción y de las demás organizaciones
ecologistas que durante años estuvimos advirtiendo del desastre anunciado
de Aznalcóllar de abril de 1998 y que las administraciones de la Junta de
Andalucía y del Estado desoyeron entonces.

Además, se tendrán que resolver los recursos administrativos y jurídicos
que ya ha anunciado el otro concursante, Emerita-Forbes Manhattan.

Se ha resuelto un concurso donde las garantías ambientales, tanto de
minimización de daños al medio ambiente, como de medidas destinadas a la
mejora del entorno natural o medidas ambientales compensatorias, así como
el contenido del plan de restauración sólo han tenido un peso del 30% en
la puntuación total del concurso. Y hay que destacar que en el apartado de
mejoras y compromisos adicionales de carácter social y medioambiental,
sobre un total de 10 puntos, el adjudicatario provisional Minorbis-Grupo
México sólo ha obtenido 1,8 puntos.

Desde Ecologistas en Acción necesariamente tenemos que informar de los
recientes antecedentes de desastres ambientales producidos en su propio
país por la parte mexicana de la empresa adjudicataria.

El pasado mes de agosto de 2014 el Grupo México protagonizó el “peor
desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos
modernos”, según calificó el gobierno federal de México al vertido de
sulfato de cobre en el río Sonora. El desastre ocurrió el 6 de agosto de
2014 con el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclados
con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos
para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del
Cobre, en Cananea, perteneciente al Grupo México.

Este vertido de lixiviados mineros con arsénico, níquel, hierro, cobre,
cadmio, manganeso y aluminio, puso en riesgo a por lo menos 22 mil
personas que habitan en 7 municipios aledaños a los ríos afectados. La
contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del
río Bacanuchi, y 190 kilómetros del río Sonora, según un informe técnico
realizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de
México.

Como siempre hacen las empresas mineras, Grupo México achacó el vertido
tóxico a unas lluvias “atípicas” que causaron el desborde de una de sus
presas, sin embargo, el referido informe demostró que la responsabilidad
era 100% de la empresa, debido a un “mal diseño” de las instalaciones, y
que no existieron las lluvias aludidas, en base a los datos del Servicio
Meteorológico Nacional de México.

El desastre fue ocultado por Grupo México durante dos días, hasta que la
contaminación llegó rio abajo a 80 km del accidente, y los vecinos
avisaron a las autoridades.

En este mismo mes de febrero, las autoridades sanitarias mexicanas han
anunciado que los daños producidos tendrán que ser objeto de seguimiento
durante 10 años en 270 personas que fueron afectadas por los lixiviados de
sulfato de cobre y aluminio vertidos al río Sonora por la minera
Buenavista del Cobre, de Grupo Minera México, en agosto de 2014.

Con estos precedentes, desde Ecologistas en Acción mostramos nuestra más
absoluta desconfianza hacia al adjudicatario Grupo México, y hacia la
política electoralista del PSOE basada en promesas falsas de empleo sin
garantías medioambientales.

Una vez más, se demuestra que la Junta de Andalucía sigue sin aprender de
lo que ocurrió  en el desastre anunciado de Aznalcóllar en 1998.

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